Se asesora y se ejerce la defensa jurídica de numerosas Corporaciones Locales de Canarias y de otras Comunidades Autónomas en cualquier asunto de sus competencias: organización, régimen jurídico, contratación, personal funcionario o laboral, urbanismo, medio ambiente urbano o natural, servicios públicos, empresas públicas, etc .
El despacho también puede acreditar una amplia cartera de clientes empresas (promotoras inmobiliarias, constructores y grupos hoteleros, entre otros) que en su actividad requieren la consultoría y asesoría jurídica o defensa en el ámbito del ordenamiento administrativo, el urbanismo, la edificación, propiedad horizontal, tributos locales, turismo y medio ambiente.
A pesar de ello no se descuida la atención a ciudadanos particulares en la defensa de sus derechos subjetivos o intereses frente a las administraciones públicas.
También se ocupa de la defensa jurídica en materia penal-administrativo a empleados públicos y cargos locales
No se expone la amplia lista de clientes en esta página, por respeto a los principios de confidencialidad y al secreto profesional (Estatuto General de la Abogacía Española y Código Deontológico de la Abogacía)-