El Gobierno de la Nación aprobó el pasado viernes el “Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. El mismo ha sido publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, y con ello, conforme a su disposición final quinta, ha entrado en vigor.

El Gobierno justifica en la Exposición de Motivos o Preámbulo de la norma la utilización del Real Decreto-ley (reservado, según el art. 86 de la Constitución, para casos de extraordinaria y urgente necesidad) que permitirá el cierre de los procedimientos de infracción abiertos a España por la Comisión Europea así como la formalización por la misma de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que conllevarían cuantiosas sanciones al país.

En concreto, se transponen la “Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión”, la “Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, la “la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair.”

En último lugar , se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en el sentido de que “las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020”. De acuerdo con la Exposición de Motivos, ello se debe a que la adaptación y desarrollo tecnológico y jurídico de los procedimientos administrativos a lo previsto en la norma no ha sido posible en el plazo previamente previsto (hasta el 2 de octubre del presente año), así como a la necesidad de adaptar todo ello a la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo, que fue objeto de una entrada independiente el pasado mes de junio en esta página web.