El Pleno del Tribunal Constitucional dictó el pasado 26 de abril su Sentencia 42/2018, recaída en el recurso de inconstitucionalidad 6711-2016, promovido por más de cincuenta diputados contra determinados preceptos de la Ley (canaria) 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

De acuerdo con el recurso, los artículos 3 y 4 y las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley autonómica vulneran la distribución competencial relativa a la protección del medio ambiente y el principio de jerarquía normativa. El TC en su Sentencia señala que el recurso no fundamenta suficientemente qué vulneraciones se imputan a dichos preceptos, por lo que no entra a valorar la constitucionalidad del artículo 4 ni de la disposición adicional tercera, y circunscribe el pronunciamiento acerca del art. 3 al primer apartado del mismo.

El Alto Tribunal resuelve que, de acuerdo con la regulación estatal del suelo, la utilización de los terrenos con valores protegidos (ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos) está condicionada a la preservación de dichos valores y que la alteración de los mismos debe estar autorizada expresamente por la legislación autonómica. Así, interpreta que el art. 3 no es inconstitucional porque vincula el uso turístico que permite al respeto de las condiciones establecidas para la protección del concreto suelo de que se trate.

En cuanto a la disposición adicional primera, señala que el recurso se basa más en la advertencia de una enorme posibilidad del mal uso de la norma por la Administración que en la verdadera inconstitucionalidad de la norma por sí misma, por lo que no se considera inconstitucional, sin perjuicio de un control jurisdiccional contencioso-administrativo de los excesos a que pueda dar lugar la aplicación de la norma, pues según la norma, en interpretación realizada por la Sentencia: “la implantación de los instrumentos de planificación singular turística depende de que sea posible en relación con la concreta categoría de suelo de que se trate, pues no pueden ser desarrollados al margen de la legislación urbanística de la que forman parte“. Señala asimismo que no se vulnera la autonomía local porque hay en juego intereses supralocales que han sido ponderados en la regulación impugnada y que justifican dicha regulación, que, a su vez, asegura un nivel de intervención municipal suficiente. Por su parte, la Sentencia señala que los instrumentos de planificación singular turística no permiten prescindir de determinaciones vinculantes de la Ley, sino que se insertan en el régimen insular de planeamiento.

En definitiva, únicamente se declara inconstitucional la disposición adicional segunda en tanto que se trata de un supuesto de ley singular por la que se declaran de interés insular determinadas iniciativas de instrumentos de planificación singular turística, en el cual no hay un interés constitucional que exija la aprobación de una norma con rango de ley ni tampoco se trata de un caso excepcional que se trata de remediar por ser irremediable con los medios normales de que dispondría la Administración. Así, la STC declara que con la disposición adicional segunda se vulnera el art. 24.1 de la Constitución Española, al impedir el acceso al control  judicial de la declaración de interés insular efectuada.