Se ha publicado en el BOC nº 257 de 31 de diciembre de 2022 la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, en cuya redacción han participado miembros de este despacho. Esta Ley persigue el objetivo de alcanzar la descarbonización de la economía de Canarias en 2040 (diez años antes que los horizontes establecidos por Europa).
Esta Ley dispone que, antes de 2030, todas las instituciones públicas de Canarias tendrán que dotarse de equipos de producción eléctrica de fuentes renovables, que garanticen, como mínimo, la respuesta a sus demandas energéticas ordinarias, asimismo, deberán sustituir los vehículos de combustión interna por otros con emisiones contaminantes nulas, en un plazo máximo de diez años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley.
Con esta Ley, se crea:
– El Registro Canario de Huella de Carbono (estando obligados a inscribirse, entre otros, los titulares de las explotaciones y actividades agrícolas y ganaderas; los titulares de las explotaciones y actividades pesqueras y de acuicultura; las personas titulares de las explotaciones turísticas alojativas, no alojativas y complementarias; todas las actividades industriales y de comercio que se determinen en la Estrategia Canaria de Acción Climática), este Registro permitirá cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero) y
– La Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas.
En el ámbito de la educación, este capítulo coloca la acción climática y la transición ecológica como eje vertebrador de los decretos de desarrollo curricular en las materias vinculadas al cambio climático y de manera transversal en los demás currículos. Además, se fomenta la formación del profesorado en materia de acción climática y se promueven convenios de colaboración con las universidades públicas para fomentar la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de acción climática y transición energética, así como con las empresas y colegios profesionales para favorecer la reconversión o adaptación de puestos de trabajo vinculados a sistemas energéticos tradicionales.
En materia de salud pública, la Ley establece que las administraciones públicas de Canarias y los entes de sus sectores públicos, en materia de salud pública, deberán tener como objetivo la disminución de la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático.
Esta Ley prevé, en el plazo máximo de cinco años desde su entrada en vigor, la formulación y aprobación de las directrices de ordenación del litoral.
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